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Trasnacionales y Gobiernos contra el Pueblo: La lucha de Sará de BatáanRoy H. MayEl gobierno prometía riqueza a los campesinos: sólo tenían que hipotecar sus tierras y asociarse con la empresa bananera. Lamentablemente, esa promesa no resultó. Cuando la empresa cayó en bancarrota, fueron los campesinos de Sará de Batáan quienes tuvieron que soportar la carga. Casi perdieron todo. A mediados de los años ochenta, el gobierno designó la zona atlántica como "zona bananera". Dedicó recursos financieros y técnicos con el fin de incentivar la producción de bananos para la exportación, bajo el dominio de la empresa privada, tanto nacional como transnacional. Aunque la zona estaba poblada por campesinos cuya producción bananera abastecía el mercado nacional, el éxito del plan gubernamental dependía de la dedicación exclusiva al banano. Para que los campesinos entraran al Plan Bananero, el gobierno consideró necesario presionarlos prometiéndoles riquezas o amenazándolos con quitarles sus tierras. En marzo de 1989, la mayoría de los campesinos de Sará acordaron integrarse al Plan Bananero por medio de una asociación con la empresa transnacional Uniban (cuyo lugar sería asumido más tarde por el empresario Federico Gallegos). Sólo una docena de campesinos quedaron fuera del negocio, pues sospechaban que el plan era muy riesgoso y tema poca probabilidad de beneficiarlos. En años anteriores, los campesinos recibieron sus tierras del entonces denominado Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que hoy es el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y mantiene responsabilidades administrativas respecto a las tierras y el desarrollo agrícola de la zona. Desde los años sesenta, cuando comenzaron a llegar los campesinos, la política fue orientada hacia al apoyo del pequeño productor. Fomentaba una agricultura campesina orientada al autosostenimiento y al mercado nacional. El IDA facilitaba asesoramiento técnico y fomentaba la producción frutícola y maderera campesina, entre otras formas de apoyo. Sin embargo, cuando la zona fue designada como área de expansión bananera, el gobierno quiso reorientar la producción campesina hacia la producción comercial del banano. Monocultivo forzado En ese contexto, se logró un acuerdo entre la empresa, el IDA y los campesinos para la producción y exportación de bananos. Por su parte, los campesinos acordaron dedicar sus tierras exclusivamente al banano, vender la fruta solamente a la empresa, y poner sus tierras como garantía hipotecaria para financiar proporcionalmente el proyecto. La empresa se comprometió a comprar la fruta a los campesinos y encargarse de la venta del banano, ofrecer salarios a los campesinos participantes y asegurar el asesoramiento técnico necesario. Por su parte, el IDA se comprometió a supervisar la organización de los campesinos en asociaciones de productores, dar seguimiento técnico y planeamiento de infraestructura, entregar las escrituras a los agricultores que no las tuvieran, gestionar financiamiento ante organismos financieros y fiscalizar el cumplimiento del contrato tripartito. Los doce campesinos que decidieron no participar eran el único freno para el monopolio total de la bananera. Ellos se mantenían produciendo maíz, frijol y plátano para las necesidades nacionales que, según sus criterios, constituían un mercado adecuado. También habían reforestado sus pequeñas fincas con árboles madereros y frutícolas, proceso que necesitaba años para dar sus beneficios. Intuitivamente, ellos implementaron sistemas agrícolas integrados orientados por sus propias experiencias en la producción y comercialización, y sus conocimientos sobre los límites ecológicos. No deseaban arrasar sus tierras y dedicarlas al monocultivo del banano. Al mismo tiempo, sospechaban que las promesas del gobierno eran demasiado buenas para ser verdaderas. El IDA, instrumento de represión Su rechazo irritaba a los otros campesinos y el gobierno los veía como una traba para su Plan Bananero. Comenzaron a sufrir una serie de presiones y amenazas que *reten ían forzar su incorporación al negocio. La más seria fue que el IDA les envió cartas oficiales amenazándolos con cancelarles la adjudicación de sus parcelas si no entraban al plan bananero. Según la carta: "(...) si fuera necesario, se llegará tomar medidas en aquellos casos de parceleros que no están de acuerdo en aceptar el establecimiento del cultivo del banano con los procedimientos de tipo legal , que como Institución estamos facultados a aplicar, ya sea por el procedimiento de nulidad de títulos o la revocatoria de de adjudicación de parcelas (...) Espero, por tanto, que reconsidere de inmediato su posición y nos acompañe a consolidar a corto plazo este gran proyecto. Reiteramos que nuestra única intención es procurar el bienestar de los pequeños productores y estamos seguros que con este proyecto de producción lo lograremos". () Los campesinos que no querían incorporarse recurrieron a la Parroquia de Bataán y su párroco, el presbítero Wálter Marchena. Con una telegrama, el padre Marchena pidió que el IDA desistiera de presionar a los campesinos. "Déjelos en paz y libertad de cultivar sus tierras", solicitó el cura (). Con un abogado provisto por la Iglesia, analizaron el contrato tripartito para comprender bien los requerimientos legales del negocio. Con base en el análisis, reiteraron su decisión de no incorporarse, por ser demasiado riesgoso. El IDA comenzó a presionar a la Iglesia. En una telegrama dirigido al padre Marchena, el presidente ejecutivo de IDA dijo: «Machete quédate en tu vaina, dice un adagio sabio (...) Su inexperto criterio en esa materia lo respetamos pero no lo compartimos. A corto plazo tendremos alegría de ver a los campesinos por primera vez produciendo banano y viviendo en mejores condiciones. Ojalá con la bendición de un sacerdote actualizado en los sistemas agroindustriales que Costa Rica está logrando. Por esa razón no pienso como usted dice: Que los deje en paz. Porque la paz de los cementerios no la deseamos mientras los hombres de mi patria tengan fuerza para luchar por Costa Rica"(). Se hace justicia Poco después, la Iglesia planteaba un recurso de amparo ante la Sala Cuarta contra el IDA y en a poyo a los campesinos y sus tierras. El fallo fue favorable: el IDA no podía quitarles sus tierras. Los temores de los doce estaban bien fundamentados. Para 1994, la empresa de Gallegos ya estaba en crisis financiera (La Náción, 5 de octubre de 1994). No pudo cumplir con sus obligaciones ni pagar sueldos y otros beneficios que debía a los campesinos "socios" del negocio. Tampoco podía responder al Banco Popular, del cual había recibido el financiamiento para la empresa (La Republica, 4 de marzo de 1995). Los endeudados campesinos socios tampoco podían responder. Los consecuentes conflictos entre los campesinos socios y la empresa Gallegos incluyeron huelgas en la planta procesadora y la toma de una finca. En esos conflictos, la Iglesia también se hizo presente. La Comisión Diocesana de la Pastoral Social solicitó a la Defensoría de los Habitantes que consiguiera información fidedigna referente a la situación real de la empresa y que el Ministerio de Trabajo interviniera en el conflicto. La Comisión hacía gestiones ante las autoridades nacionales, incluida la Presidencia de la República, solicitando soluciones al conflicto. El padre Gerardo Vargas, en representación de la Diócesis de Limón, colaboró como mediador. Consecuencias de la ofensiva patronal Sin embargo, el futuro de los campesinos quedó frustrado. En medio de la incertidumbre, volvieron a la producción campesina como medio de sobrevivencia. Unos se organizaron como cooperativa para retomar la producción bananera, aprovechando unas fincas y la planta procesadora. Otros dejaron su tierra. Durante meses la situación quedó sin cambio. Muy diversas gestiones por parte de la Iglesia y de los campesinos no dieron soluciones. Finalmente, en junio de 1996 el Banco Popular anunció su intención de rematar las tierras, pues decía que no tenía más remedio. Sin embargo, ante las nuevas gestiones de la Iglesia y las organizaciones populares de la zona, a último momento el Banco suspendió el remate y pidió que el gobierno solucionara el problema. Unas semanas después, el gobierno anunció que cancelaría la deuda de los campesinos con el Banco Popular. El IDA adquiriría la tierra para repartirla de nuevo entre los mismos campesinos. La promesa del IDA de que a "corto plazo tendremos la alegría de ver a los campesinos por primera vez produciendo banano y viviendo en mejores condiciones", no se cumplió para nada. Más bien, el proyecto fracasó totalmente. Sólo dejó un legado de desconfianza, destrucción ecológica y pobreza. |
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