Comunicado 6
En atención a la Política de Prevención, Atención y Gestión de Crisis en Situaciones de Emergencia en Costa Rica

Dirigido a: Comisión Nacional de Emergencia, Gobierno de la República, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Mixto de Ayuda Social, Corporación Bananera Nacional

Foro Emaús, espacio de encuentro, reflexión y denuncia de organizaciones sociales, laborales, ambientales y ecuménicas, que trabajan por la consecución de justicia social y laboral; y, por la preservación de un ambiente sostenible en el Caribe costarricense; informa a la sociedad en general su posición en relación con la política pública de prevención y atención de emergencias en el país.

Tal política queda claramente en evidencia a través del examen del manejo de crisis que el Gobierno de la República, la Comisión Nacional de Emergencias y las Sociedades Bananeras han venido realizando en los lugares afectados por las últimas inundaciones en la Vertiente del Caribe y Sarapiquí.


Considerando:

1. Que la política pública de atención de emergencias que se ejecuta se reduce a:

  • acciones asistencialistas como el reparto de alimentos y de ropa;
  • el ofrecimiento del Gobierno de un subsidio de corto plazo de un porcentaje del salario de los trabajadores y trabajadoras en las bananeras;
  • la generación de expectativas de “reubicación de poblaciones” y de “condonación generalizada de deudas para productores”.

2. La ausencia de una política pública de carácter integral, que tenga como objetivo la preservación del fundamento de la vida para trabajadores y trabajadoras bananeras; esto es, la continuidad en la relación laboral entre éstos y éstas y las sociedades mercantiles que hasta la fecha les contratan;

3. La omisión en las declaraciones de las autoridades públicas responsables de la prevención y atención de crisis ocasionadas por desastres naturales, de la situación particularmente grave que sufren:

  • indígenas guaymies No costarricenses en su condición de trabajadores bananeros con arraigo en el cordón fronterizo Costa Rica-Panamá pero “extranjeros” o “indocumentados”; e
  • indígenas costarricenses en la alta Salamanca en su condición de pequeños productores de banano, plátano y cacao orgánico.
  • Muchas personas de estos grupos étnicos son víctimas de la emergencia; pues, el fundamento de construcción de su bienestar fue afectado de manera dramática por las lluvias e inundaciones; nos referimos a sus tierras, sus enseres, pertenencias y plantaciones.

    En el caso de los y las trabajadores (as) indígenas en las bananeras, las empresas bananeras han solicitado para colmo, la suspensión unilateral de contratos laborales.

4. La escasa labor de prevención de riesgos; tanto por parte de la Comisión Nacional de Emergencias como el Gobierno Central, las Municipalidades y las empresas. A pesar de cuantiosas investigaciones efectuadas en el pasado en esta materia, las recomendaciones de éstas continúan aún sin ejecutarse.

5. El riesgo de que se propaguen epidemias y se contaminen aún más los recursos naturales en las regiones afectadas.

Denunciamos:

1. Que los rumores o intentos de “cierre de fincas bananeras” ó “suspensión de contratos laborales” atenta contra todo esfuerzo de solidaridad con las personas que han hecho posible el mantenimiento de empresas bananeras en el país. La posibilidad de un subsidio temporal y porcentual del salario para trabajadores y trabajadoras bananeras por parte del Estado No debe ser concebido dentro del marco de una estrategia de tolerancia hacia empresarios que rehuyen e irrespetan la legislación laboral en el país.

Nos preguntamos; a pesar de los seguros de cosecha ó en su defecto, del beneficio de pólizas de seguro del Instituto Nacional de Seguros, las inundaciones No deben ser tomadas como justificación empresarial para el cierre u abandono de la actividad bananera y mucho menos, para la evasión de responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras bananeras.

Insistimos: lo que está en juego no es sólo el futuro de las empresas; es también, el fundamento de vida para personas humildes que de por sí, perdieron todo cuanto tenían. Quiénes por lo demás, miran amenazados sus puestos de empleo siempre que escuchan especulaciones sobre cierres o suspensión de la relación laboral por parte de las empresas.

2. Rumores de condonación generalizada de deudas, constituye una medida que beneficia sobre todo a quienes de por sí, arrastran deudas desde hace 20 años con la banca nacional. No es posible tolerar que una vez más “se intente favorecer a los de siempre”.

La ley de Emergencias estipula como único mecanismo paliativo en situaciones de emergencia, la “indemnización” de daños. Esta, debe ser otorgada en primer lugar a aquellas familias que habitan los lugares afectados por las inundaciones. En segundo lugar, deben ser considerados (as) como sujetos de indemnización, los (as) pequeños (as) productores (as) orgánicos de la alta y de la baja Talamanca.

3. Que la atención de la crisis por parte de las instituciones del Gobierno se ha desarrollado sin atención a plan alguno de planificación. A ello obedece la descoordinación que ha caracterizado la gestión de la misma.

Exigimos por tanto:

1. Que en las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instancias del Poder Ejecutivo con las Empresas Bananeras, sean considerados los Sindicatos Bananeros como los legítimos representantes del sector laboral;


2. Abordar la emergencia en su carácter integral. No evadir ésta, a través de políticas públicas “exclusivamente” asistencialistas que desconocen la dimensión global de una verdadera atención y gestión de crisis posteriores a situaciones de emergencia;

3. Instar a CORBANA y a la industria bananera nacional a comportarse solidariamente con sus asociados y sus empleados indirectos: los trabajadores y trabajadoras del campo. La búsqueda de soluciones integrales a los problemas ocasionados por las inundaciones en Sixaola, el Valle de la Estrella, Matina, Siquirres y Puerto Viejo de Sarapiquí es una obligación inscrita en verdaderas aspiraciones de responsabilidad social corporativa;

4. La Comisión Nacional de Emergencias y el Gobierno de la República deben entender que esta catástrofe constituye una llamada de atención a la inexistente política pública integral en materia de Prevención, Atención y Gestión de Crisis Post-Emergencias. Situaciones como la que se vive en los territorios aludidos serán recurrentes si las instituciones mencionadas; así como la empresa privada no invierten en estas materias;

5. La reubicación de poblaciones solo tiene sentido si las personas por reubicar conservan la propiedad de aquellas tierras que deban ser recuperadas a través de obras de infraestructura que evite futuros desbordamientos de ríos y afluentes. En este punto particular, debe tomarse en consideración la particularidad cultural que grupos étnicos indígenas tienen.

6. Estamos en contra de la recuperación de tierras para fomentar más expansión de los monocultivos intensivos; últimos responsables de que acontezcan con mayor frecuencia, inundaciones como las recientes.

Firmamos en nombre de Foro Emaús en San José, en fecha 01 de febrero 2005, las siguientes organizaciones:



Asociación de Campesinos Productores Orgánicos. ACAPRO
Asociación de Desarrollo Integral de Batán. ADIBA
Asociación de Mujeres Microempresarias de Talamanca. AMUMTA
Asociación Madres Maestras
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ANEP
Asociación Pro Desarrollo y Ecología. APDE
Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA
Centro Amigos para la Paz. CAP

Centro Teológico Bautista del Caribe. CTC
Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica. COSIBA-CR
Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense. CEDECO
Fondo Solidario para el Beneficio de las Agrupaciones Sociales. FOSBAS
Fundación NAIRI
Iglesia Luterana Costarricense. ILCO
Oficina de Pastoral Social de la Diócesis de Limón

Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. SINDEU
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. SITUN
Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limón. SITRAMUPL
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí. SUTRAM
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social. UNDECA
Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL


 

 

 

Comunicado 1:
Pronunciamiento del Foro Emaús sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica 16 de febrero del 2004
Comunicado 2:
Pronunciamiento del Foro Emaús sobre el Expediente No. 15161 “Proyecto de Ley de Reforma a varios artículos del Código de Trabajo”
Comunicado 3:
Pronunciamiento del Foro Emaús sobre la situación que vive un grupo de parceleros de la comunidad de La Palma en Sixaola a raíz de la decisión de la Finca Bananera País S.A. de no permitir el ingreso o salida de mercancías por un trecho utilizado tradicionalmente para ello, pero que atraviesa su propiedad, y da a vía pública
Comunicado 4:

Pronunciamiento del Foro Emaús sobre la situación de los y las migrantes Guaymíes en el cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá:

Llamado de atención a Casa Presidencial, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Comunicado 5:
Pronunciamiento del Foro Emaús sobre la protesta civil de la sociedad costarricense en relación con los sucesos de corrupción divulgados por la prensa desde las últimas semanas del mes de agosto 2004.
(Parismina, Guácimo, 25-9-04)
Comunicado 6:
En atención a la Política de Prevención, Atención y Gestión de Crisis en Situaciones de Emergencia en Costa Rica

Dirigido a: Comisión Nacional de Emergencia, Gobierno de la República, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Mixto de Ayuda Social, Corporación Bananera Nacional


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